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Tegucigalpa (Conexihon).- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), recibió este jueves 29 de septiembre, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, un reconocimiento por su trabajo en defensa del territorio, los bienes comunes de la naturaleza y  de los derechos humanos por parte del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

La organización norteamericana, en el marco de su gala anual con motivo de su 33 aniversario de fundación, reconoció el trabajo del COPINH hace contra la industria extractiva desde su fundación en 1993 por la lideresa Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo de este año.

CARECEN es una organización sin fines de lucro, fue fundada en 1983 por refugiados salvadoreños dedicados a asegurar estatus legal para los miles de centroamericanos que entonces estaban huyendo de la guerra civil. Posteriormente amplió sus servicios legales de inmigración de bajo costo, abogacía de políticas en inmigración, reforma educacional y derechos del trabajador, y experiencia en organizar padres, jóvenes y trabajadores.

En nombre de COPINH, su actual Coordinador, Tomas Gómez Membreño recibió el reconocimiento y pidió a los asistentes al evento que apoyen una propuesta en el Congreso estadounidense -Ley Berta Cáceres-, que busca suspender la ayuda militar y policial a Honduras hasta que se logre sancionar a los responsables de la muerte de Cáceres y de otros activistas.

Asimismo, Gómez Membreño denunció que es objeto de persecución constante tanto él, sus compañeros y compañeras de organización así como la comunidad de Rio Blanco, esta última que se enfrenta a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, sin la consulta a sus pobladores y pobladoras.

En Honduras, el proyecto es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), de la cual un ex empleado se encuentra en prisión junto a cinco personas más, vinculados en el asesinato de Cáceres hace siete meses.

Puntualizó que la situación de conflicto en la comunidad de Rio Blanco se debe  “porque el estado de Honduras no quiere cancelar ese proyecto a pesar de que ha habido ilegalidades y no se ha utilizado el mecanismo de la consulta previa, libre e informada”.