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El proyecto de palma aceitera con la empresa asociativa "Sol Naciente" impulsado por el gobierno está valorado en 10 millones de lempiras.
La jueza Ana Lourdes Valle Pinto del juzgado de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula ordenó un desalojo para este 5 de mayo.
El terrateniente Ángel Edmundo Romero “se quedaría con nuestro proyecto sin costarle un centavo”.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Después de 20 años de permanecer en la aldea La Concepción, en Santa Cruz de Yojoa, unas 21 familias campesinas pertenecientes a la empresa asociativa de producción “Sol Naciente” deberán abandonar toda una vida de trabajo arduo, y quedar en la completa miseria tras el aviso de un inminente desalojo previsto para este jueves 5 de mayo.
 
Las instancias legales para exigir el derecho a la tierra parecen estar agotadas,  por lo que las familias deberán enfrentar una dura cuota de préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
 
El proyecto de palma de la empresa Asociativa de Producción “Sol Naciente” se obtuvo a traves del gobierno de la República, siendo facultada la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y ampliando su desarrollo con los participantes del BCIE y la Corporación Industrial de Sula (COINSU), como facilitadores de la asistencia técnica. 
 
El Estado hondureño anunció su interés de legalizar las tierras de producción de palma africana, en el marco del programa de reconversión aceitera que impulsa el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para la siembra de 125,000 hectáreas de palma aceitera en el país, en el cual también son beneficiarios la Asociación de Productores de Palma de Yoro y Cortés (APROPAYCO), la Asociación Nacional de Campesinos (ANACH), la empresa DICONSA para la entrega de viveros y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para el desarrollo del plan de inversión.
 
Olga Marina Inestroza, pertenece a la empresa asociativa campesina de producción “Sol Naciente”, ubicada en la comunidad en la aldea La Concepción de Santa Cruz de Yojoa, zona central del país.
 
“Nosotros nos organizamos e hicimos todos los trámites correspondientes en el Instituto Nacional Agrario (INA) para que se nos fuera adjudicada la tierra, porque el predio –donde se encuentran más de 20 familias- según el extracto sucesivo que se realizó era de carácter nacional.  Empezamos a trabajar con la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) para gestionar y conseguir proyectos”.
 
El INA nos otorgó constancias de que los trámites de la tierra “iban por buen camino”. En ese momento, conseguimos un proyecto de palma africana, que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),  mientras la empresa privada se comprometió a apoyarnos en la gestión del proyecto, especialmente porque nosotros no sabíamos de ese producto, explicó.
 
Las  cifras de COINSU indican que en los últimos años se han capacitado cerca de 450 familias de  campesinos integrantes de las empresas asociativas campesinas en el rubro de la palma aceitera.
 

De acuerdo con Inestroza con la ayuda de la empresa privada y el Estado hondureño se les brindó capacitaciones necesarias para ejecutar el proyecto, el período que coincide con la decisión del Congreso Nacional de apoyar a las empresas productoras de palma africana. 
 
“El actual presidente Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional y se comprometió en apoyar a todas las empresas campesinas que tuvieran palma, para titular las [tierras], pero ahora estamos con el problema de que a través del Ministerio Público que se volvió parte acusadora se nos dictó sentencia y se nos condena a pagar hasta con dos años de cárcel”, apuntó.
 
El “gobierno lo entregó y ahora lo destruye”
 
Después de dos años de tener el proyecto impulsado por el gobierno nos quieren desalojar, el desalojo está programado para el 5 de mayo, lamentó.
 
Para la líder campesina, resulta “inconcebible” el hecho que “el gobierno nos dio el proyecto,  ahora el mismo nos quiere destruirnos y cómo vamos a quedar con la deuda adquirida, de dónde la vamos a pagar”.
 
Para las 21 familias parte de la empresa, que viven de lo que generan sus cultivos, resulta “decepcionante y triste” pues desconocen como hacer frente a la educación de sus hijos, la salud, la pérdida de sus viviendas y “la vida mejor que nos prometieron quedó en un sueño”. “Todas las familias que sean desalojadas estaremos en total miseria, no en pobreza”, insistió.
 
 
Deuda con el BCIE
 
Se estima que el monto del préstamo para cada familia oscila entre los 35 mil lempiras anuales únicamente en intereses (Unos $1,500 aproximadamente), más el capital concedido a partir del cuarto año de gracia, unos 55 mil lempiras anuales ($2,500 aproximadamente).
 

De su lado, Sabina Hernández, considera que “existe una fuerte necesidad de la tierra para poder subsistir. Cuando uno no tiene nada para poder vivir decide adentrar a predios y así iniciar los procesos legales para no morirse de hambre y cosechar”.
 
“Nosotros pagábamos un quinto [alquiler] para poder cosechar la tierra y luego decidimos organizarnos, por eso pedimos al gobierno que nos ayudara a negociar la tierra. Luego de años de trabajar nos declararon la sentencia en firme y enfrentamos hasta cuatro años de prisión, pero como no teníamos ningún delito nos bajaron a dos años, la pena debería ser pagada con trabajo comunitario, porque sin dinero siquiera para trabajar cómo hacemos”, lamentó.
 
“La deuda que adquirimos con el BCIE, por el proyecto de palma, es por ellos mismos [el gobierno] pues en reuniones que sostuvimos se nos aseguró que nos iban a legalizar nuestras tierras. Desde el momento que son gobierno tienen que ayudar a los campesinos, porque si no hay tierra de qué vivimos. Nos dijo que iban a ayudar a los campesinos palmeros y ahora solo estamos gastados por el trabajo que realizamos y sin poder sacar la producción”, sostuvo.
 
Hernández recordó que sus siete hijos que laboran junto a ella, se encuentran en la zona desde 1999. 
 
El derecho a la tierra
 
Es posible que, a primera vista, no se considere necesariamente que los desalojos forzosos son una cuestión de derechos humanos, sino sencillamente un efecto secundario del desarrollo o de la renovación urbana, la consecuencia de un conflicto armado o un aspecto de la protección del medio ambiente o la producción de energía, por ejemplo, para la construcción de una presa. Sin embargo, la constante amenaza o el hecho de ser desalojado por la fuerza de su casa o de su tierra es sin duda una de las mayores injusticias que pueden cometerse contra una persona, una familia, un hogar o una comunidad.
 
Los derechos sobre la tierra son esenciales para garantizar el acceso a los recursos productivos que, a su vez, resultan extremadamente importantes para la realización del derecho a la alimentación. A la luz de las presiones comerciales crecientes sobre la tierra, el Relator Especial se ha dedicado con especial atención a los temas relacionados con la tierra y ha hecho de ellos una de sus principales prioridades durante su mandato.
 
“Durante demasiado tiempo, los campesinos se han visto obligados a malvivir de la agricultura de subsistencia e incluso a tener que ceder sus tierras cuando ya no podían hacer frente a las deudas y verse forzados a trabajar en grandes plantaciones bajo unas condiciones de absoluta explotación y precariedad. Nuestro fracaso en el intento de ayudar a los pequeños productores a acceder a los mercados, y vivir decentemente de la agricultura, es una de las causas clave del hambre” advirtió en 2011 el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter.
 
Obligaciones del Estado hondureño 
 
El relator especial de las Naciones Unidas ha destacado  también que "la cuestión de los traslados y los desahucios forzados se ha incluido en los últimos años en el programa internacional sobre derechos humanos porque se considera una práctica que inflige un daño grave y desastroso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de muchas personas, tanto en calidad de individuos como de colectividades".
 
Diversos organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han declarado que los desalojos forzosos son "una violación grave de los derechos humanos" y se ha pedido a algunos gobiernos que hagan todo lo posible por suprimirlos.
 
Las Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con los Desplazamientos Basados en el Desarrollo, adoptada por el Seminario de expertos sobre la práctica de los desalojos forzosos, Ginebra, 11 a 13 de junio de 1997, establecen que “los Estados deben velar por que nadie, ya sean personas, grupos o comunidades, pierda su hogar o se vea expuesto a la violación de cualquier otro derecho humano a consecuencia de un desalojo forzoso”.
 
Igualmente establecen que “todas las personas, grupos y comunidades tienen derecho a un reasentamiento satisfactorio, que comprenda el derecho a otras tierras o vivienda, en condiciones de seguridad, facilidad de acceso, precio abordable y habitabilidad”.
 
Finalmente, los desalojos deben estar bien planificados y se deben establecer procedimientos claros para evitar violaciones de los derechos humanos y respetar la dignidad humana. Por ejemplo, no deben tener lugar durante el mal tiempo, por la noche o cuando sea probable que las personas no estén en su domicilio. No se debe obligar a los desalojados a destruir sus viviendas y estructuras y se les debe ofrecer la oportunidad de salvar la mayor cantidad de pertenencias posible. Los desalojos no deben llevarse a cabo de una manera que ponga en peligro la salud o la vida de las personas desalojadas, por ejemplo destruyendo estructuras donde las personas todavía estén tratando de salvar sus pertenencias.