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De 278,000 funcionarios que presentaron declaración jurada, apenas 600 fueron auditados.
 
 
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Carretillas repletas de expedientes, conteniendo declaraciones juradas de bienes, son trasladadas desde las oficinas receptoras del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un pasillo con poca luz hasta llegar a un costado del primer piso del edificio. 
 
En una especie de bodega, archivo  o caja fuerte gigante, son celosamente guardados los documentos que establecen la millonaria fortuna de funcionarios hondureños. La actividad parece normal en un día cualquiera en el TSC, ubicado a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas.  Los funcionarios que reciben más de 30 mil lempiras de salario acuden a declarar o actualizar los montos de su patrimonio.
 
No cabe duda que cualquier hondureño quisiera saber cómo se enriqueció el presiente Juan Orlando Hernández, o si nunca fue pobre, igual que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, entre otras figuras que ya tienen más de diez años en funciones públicas.
 
Pero no, esa información es un secreto de Estado, es más, la Ley del TSC, aprobada por Decreto Legislativo No. 10-2002-E, prohíbe revelar las declaraciones juradas.
 
Mientras en naciones como México, Argentina y Uruguay hay avances, y se conoce desde la “Casa Blanca” que adquirió la pareja presidencial Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la inmensa fortuna que amasa Cristina Fernández de Kirchner o el modesto Volkswagen Fusca, 1987, que declaró como patrimonio único, al inicio de su gobierno, el ex presidente de Uruguay, José Mujica; en Honduras y pese a compromisos firmados para la transparencia, aún es delito que el pueblo sepa cómo viven sus funcionarios.
 
Para algunos, la transparencia debería ir más allá de conocer sólo el patrimonio económico de los funcionarios, deberían presentar hasta su expediente clínico para que la población sepa si están saludables para cumplir sus funciones.
 
Y como tampoco es un secreto que el país está calificado como uno de los más corruptos del mundo, donde desde policías y militares se han enriquecido sin lograr salarios superiores a los 40 mil lempiras mensuales si es que llegan al más alto rango, según Transparencia Internacional, y donde funcionarios que tienen como techo 80 mil lempiras mensuales también aparecieron con grandes fortunas, entonces las dudas razonables llevan a pensar que no hubo forma lícita de acumular tanto dinero.
 
Pero averiguar eso en Honduras es un crimen, si un funcionario del TSC revela información relacionada a las declaraciones juradas o patrimoniales puede ir a la cárcel, puede ser sancionado con so destitución hasta ir a prisión acusado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
 
De acuerdo con información oficial, sólo en los últimos cuatro años, el TSC recibió 278, 213 declaraciones juradas de bienes, de estas, no ha tenido tiempo ni personal para cotejar si la información es válida y menos para saber si incrementaron su fortuna al salir del cargo público y por ende desconocen si su enriquecimiento fue legal o ilícito. 
 
Desde la óptica del TSC no es posible conocer ni un caso tan público como el del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, Mario Zelaya, acá no han establecido como amasó tanta fortuna, pues su declaración jurada nunca fue analizada.
 
El equipo de Conexihon solicitó esta información, pero funcionarios del TSC informaron que no sabían en cuánto se enriqueció Zelaya porque este caso nunca ha sido sometido a auditoría. 
 
Cifras del “tesoro escondido”
 
De las  278,213 declaraciones juradas de bienes que recibió el TSC en los últimos cuatro años, apenas unas 600 fueron cotejadas, es decir unas 150 por año. Los auditores del TSC realizaron estas revisiones al alzar para conocer si su fortuna es lícita. 
 
De las 600 auditorías a las declaraciones, en menos de 15 encontraron responsabilidades y fueron enviadas al Ministerio Público, donde apenas algunos casos como el que se sigue contra Marcelo Chimirri, ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), están judicializados y hasta ahora no han podido demostrar su culpabilidad.
 
Chimirri ha sido enjuiciado tres veces por las armas decomisadas en su casa y en los tres juzgados  ha recibido carta de libertad, mientras el caso de enriquecimiento ilícito, basado en auditorías del TSC, también fue cerrado provisionalmente desde el 25 de julio de 2013 porque el ente contralor no pudo demostrar el delito.
 
“Los verdaderos delincuentes de este país posan en las mejores revistas de Honduras”, ha dicho Chimirri ya que a su juicio el verdadero origen de la persecución en su contra es que mientras fue gerente de Hondutel tocó a unas seis familias muy poderosas del país que tenían injerencia en los gobiernos y él se les enfrentó porque denunció el tráfico gris, en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
 
“Las personas que a mí me persiguen saben por qué me persiguen y ellos  saben cuál es el miedo que tienen. Mientras yo esté vivo y mi familia esté bien, yo simplemente voy a ser su tumba, pero el día que a mí me pase algo o a mi familia toda la verdad de este país va a salir a la luz y no va a salir a luz dentro del país porque yo sé que los medios de Honduras no van a transmitir esas cosas, va a salir a luz en el exterior”, ha advertido.
 
Es tal debilidad para auditar, por medio de la declaración jurada que, en información del MP, se estableció que en cinco años, de 2010 a 2015, el TSC sólo investigó 26 casos por enriquecimiento ilícito.
 
Contrario a lo engorroso de investigar un caso y llegar hasta las últimas consecuencias, como se ha detallado, el trámite para lograr una solvencia temporal es mucho más sencilla, se presenta el interesado a secretaría del TSC, donde basta con confirmar que no tiene ninguna denuncia en su contra y se va solvente. 
 

  • Vea la segunda parte: Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años: Honduras