Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa (Conexihon).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, expresó su preocupación por el “desalojo de familias campesinas en el asentamiento 9 de julio ubicado en el municipio de San Pedro de Tutule, La Paz”.

El organismo internacional criticó, que en el desalojo forzoso las fuerzas de seguridad portaron armas de fuego y usaron bombas lacrimógenas, incluso hora y media después de que se había logrado el control y la dispersión de los campesinos, hechos verificados por dos Oficiales de Derechos Humanos de nuestra oficina que estaban presentes en el lugar.

Representante Residente de OACNUDH, María Soledad Pazo, manifestó en el comunicado, que “Nos preocupa que al existir un amplio catálogo de estándares internacionales para la ejecución de desalojos, éstos no sean aplicados. Si un tribunal nacional ha fallado a favor del desalojo, esta situación todavía puede constituir un desalojo forzoso ilegal e injustificado”.

Pasos expresó, que le preocupa enormemente que no exista una reubicación de las personas desalojadas, por lo que será importante que el Gobierno realice una serie de acciones para garantizar el goce de sus derechos, algo que las organizaciones de derechos humanos han denominado como desplazamiento forzado por el mismo Estado.  

Según la institución, Cuatro personas resultaron heridas en el desalojo violento de los campesinos, uno de ellos es el defensor de derechos humanos “Víctor Vázquez, integrante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), quien recibió un disparo de bala en la pierna derecha”. El OACNUDH recordó que integrantes de MILPAH son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ente de Naciones Unidas manifestó que “los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable, previo a un estudio del impacto del desalojo y reubicación y tras agotar los recursos judiciales oportunos”, una situación que no fue considerada por quienes ejecutaron el desalojo.

La oficina cuestiona además que pudo constatar que “el Juzgado de Letras de La Paz tenía conocimiento de un recurso de amparo pendiente de resolverse, lo que dejaba en suspenso la ejecución del desalojo” y aún así no se tomó ninguna medida por parte de los jueces.

Finalmente, hacen un llamado al dialogo entre las partes involucradas y a las autoridades del Estado a legislar el uso de la fuerza y armas de fuego en desalojos y manifestaciones públicas, apegándose a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil como Madre Tierra, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), han condenado las acciones ejecutadas por la policía y miembros del poder judicial.