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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 700 campesinas se encuentran procesadas en 15 departamentos de Honduras como respuesta a los procesos de recuperaciones de tierras por parte del sistema judicial hondureño, denunciaron el día de hoy diversas organizaciones en el marco del día internacional de las mujeres rurales.
 

Así lo evidenciaron en la presentación de un reportaje y documental titulado “el rostro femenino e infantil de la criminalización campesina”, donde además de testimonios de campesinas que afrontan procesos judiciales, denuncian que niñas y niños también han sido víctimas por el simple hecho de estar acompañando a sus madres.
 
Los menores en muchos casos están siendo declarados por los juzgados en situación de “riesgo social” como “forma de amenaza e intimidación hacia sus padres y obligarles a desistir de su lucha”, señaló la dirigente campesina Magdalena Morales, quien está siendo acusada por el delito de usurpación de tierras. De acuerdo a especialistas de los derechos de la niñez, los operadores de justicia violentan con estas acciones convenios internacionales en el marco de los derechos humanos y el abuso de autoridad tiene responsabilidad penal.
 
“La Convención de los Derechos del Niño es clara en sus 53 artículos respecto a los niños y niñas, que en cualquier espacio no deben ser objeto de violencia por parte de la autoridad”, manifestó Héctor Espinal de UNICEF. Que los policías y fiscales amenacen con quitarles a los niños y niñas a las campesinas “es una clara manipulación y es una acción contraria a la Convención de los Derechos del Niño, al Código de la Niñez y a la Constitución de la República”, recalcó el especialista.
 
El Estado de Honduras ya ha sido condenado en otras ocasiones y ha tenido que indemnizar familias y pedir perdón a comunidades que han sido vulneradas en sus derechos. 
 
Un par de meses antes del desalojo, el Instituto Nacional Agrario (INA) les había adjudicado a los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur unas cinco mil manzanas de tierra invocando un sobre techo por parte de la compañía azucarera AZUNOSA, sin embargo esta resolución luego fue desestimada por el Consejo Nacional Agrario. 
 
Así como el testimonio de Romelia hay cientos de casos donde a las campesinas se les sigue procesos judiciales. Un estudio de la Plataforma Agraria señala que el 86% de las mujeres que habitan en el área rural no poseen títulos de tierra y sólo el 11% de los créditos agrarios está dirigido a mujeres.
 
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon mencionó este día que “las mujeres rurales son una fuerza que puede impulsar el progreso a nivel mundial.
 
Debemos aprovechar ese potencial para lograr los tres objetivos interrelacionados que nos hemos fijado para el año próximo: acelerar nuestra labor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptar una nueva visión del desarrollo sostenible y concertar un acuerdo universal significativo sobre el clima”.
 
Como una propuesta para atacar estas desigualdades en el campo que afectan en mayor medida a las mujeres, las campesinas demandan al Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de ley para crear el Programa de Crédito Solidario para las Mujeres Rurales (CREDIMUJER), introducida al hemiciclo el pasado 3 de septiembre. Con la aprobación de la ley “se otorgarían fondos y facilidades de préstamo a las mujeres del campo para proyectos agrícolas y de emprendimiento económico”, expresó Magdalena Morales.
 
“Este día también exigimos que se detenga la persecución y criminalización hacia nosotras. Sólo queremos tierra y crédito para trabajar. Ya basta de criminalizar la pobreza”, demandó la campesina.