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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de dos defensores de los derechos humanos de personas migrantes en el municipio Tequixquiac, estado de México, México. La Comisión manifiesta su preocupación por estos hechos e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del ataque y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes en México. 
 
De acuerdo a información pública, el 23 de noviembre Adrián Rodríguez de nacionalidad mexicana y Wilson Castro de nacionalidad hondureña, quienes se dedicaban a brindar ayuda humanitaria a migrantes en tránsito en el corredor entre Lechería y Bojay, zona considerada como “el paso de la muerte”, habrían sido asesinados en Tequixquiac. Conforme a la información aportada, mientras se encontraban en el interior de su vehículo, Rodríguez habría recibido tres impactos de bala que le habrían ocasionado la muerte en ese instante, mientras que Castro habría recibido cinco impactos que le habrían ocasionado la muerte al día siguiente en el hospital de especialidades de Zumpango.  El ataque habría sido presuntamente perpetrado por integrantes del crimen organizado que operan en la zona. 
Integrantes del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, al que se habrían unido como voluntarios los defensores luego de que tres de los albergues donde prestaban asistencia cerraron por diversas amenazas por parte de bandas del crimen organizado, denunciaron que los dos defensores habrían recibido diversas amenazas por la labor que desempeñaban con anterioridad. Esta situación habría sido puesta en conocimiento de las autoridades municipales a quienes habrían solicitado protección, no obstante, esta protección no habría sido efectivamente proporcionada. Adicionalmente, estas amenazas habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades luego de que en febrero de 2014 los defensores siriviesen  como testigos en un asunto en contra de un grupo del crimen organizado por los ataques que habrían perpetrado en contra de 20 migrantes que se encontraban en el basurero de Tequixquiac. 
 
Según la información disponible, algunos miembros del colectivo “Ustedes Somos Nosotros” serían beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde febrero de 2013, no obstante, según lo informado las medidas adoptadas por el mecanismo no serían efectivas. Al respecto, se tuvo conocimiento de que varios de sus integrantes habrían sido víctimas de diversas agresiones y actos de hostigamiento en el pasado. Por ejemplo, el 5 de abril una persona no identificada habría realizado disparos en contra de un grupo de 8 defensores entre ellos Jorge Andrade y otro miembro del Colectivo, que se encontraban en las líneas del tren para prestar ayuda humanitaria en la zona de Lechería.  Como consecuencia de los disparos una de las personas que recibía asistencia habría resultado herida. 
 
Tal como lo señaló la CIDH recientemente en su informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, es obligación del Estado mexicano investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En particular, la CIDH insta a las autoridades mexicanas a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de los defensores fue cometido por su labor de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos. 
 
Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.  
 
Así también preocupa a la CIDH, continuar recibiendo información sobre la persistencia de desafíos en el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México. Al respecto, la CIDH ha desarrollado una serie de directrices que deben tomarse en cuenta para el funcionamiento adecuado de los programas de protección especializados. En particular, la Comisión recuerda que un análisis de riesgo integral debe tener en cuenta, entre otros aspectos, circunstancias específicas y propias del contexto y contemplar la participación de todos los posibles beneficiarios. Asimismo, se deben desarrollar prácticas que permitan una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de las medidas de prevención, protección y procuración de justicia. En consecuencia, la CIDH recomienda al Estado desarrollar protocolos de actuación que establezcan responsabilidades específicas y mecanismos de coordinación entre  las entidades responsables de la implementación de las medidas de prevención, protección y procuración de justicia, con el fin de garantizar que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades de defensa libres de violencia.  
 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.