Versión para impresiónVersión PDF
Acoso judicial, crece nueva forma de censura en Honduras
Serie de tres entregas: 1/3
 
Es normal ahora escuchar la denuncia de un periodista que frente a su centro de trabajo lo asaltan y le roban computadora y celular, y coincidentemente en menos de tres días también asaltan su casa.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Con la boca cubierta y elevando sus pancartas para condenar la censura y el respeto a la libertad de expresión, unos 20 periodistas hondureños marcharon el jueves frente a la Casa Presidencial en solidaridad con su colega David Romero, querellado por la abogada Sonia Gálvez, esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar.
 
Periodistas frente a Casa de Gobierno, pidiendo un alto a la persecución, no más censura y justicia en el caso del periodista David Romero. /Fotografía: Gilda Silvestrucci

Un periodista o un defensor amenazado a muerte por su labor es resguardado por escoltas policiales en un lugar de Honduras; al mismo tiempo, en otro sitio, una muralla policial y militar rodea las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para impedir el ingreso de la gente al juicio oral y público del director de un medio radial y televisivo.

A primera vista parece como si se estuviera a las puertas de un conflicto bélico que orilla a los periodistas a andar en medio de escoltas, pero la realidad es otra o están amenazados y son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o están acusados penalmente por informar.

En el Tribunal de Sentencia, la muralla militar resguarda las instalaciones porque  una semana antes le ha precedido una turba enardecida que destrozó las puertas del tribunal, golpeó a policías y centinelas y se llevó a David Romero Ellner, director de Radio y TV Globo.

Romero Ellner es el mismo que en mayo pasado cambió el rumbo de agenda política al revelar que cheques del escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron emitidos a nombre delPartido Nacional y financiaron la campaña del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Los ciudadanos, la mayoría militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), el mismo al que pertenece elperiodista, aducen que había una orden gubernamental para enviarlo a prisión y “tuvieron que rescatarlo”.
 
El gobierno mientras tanto emitió un comunicado señalando que no tiene injerencia en este juicio porque es una querella de índole privado contra David Romero Ellner. Acá apareció en escena, el periodista, Esdras Amado López, con una entrevista al ex presidente del Tribunal de Sentencia, Dimas Echenique, en la que reveló que recibió una orden del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través del vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, para condenar y encarcelar a Romero Ellner.
 
A cambio de la condena contra Romero Ellner a Teodoro Bonilla le ofrecieron la presidencia de la República, reveló el juez, removido de su puesto y trasladado como asesor de la Defensa Pública unas horas después de suspender el juicio del periodista porque tenía una “agenda laboral cargada”. La condena exigida por Bonilla sería al mismo tiempo un mensaje indirecto de intimidación contra López, dijo Echenique.
 
El periodista David Romero Ellner está pendiente de conocer un recurso de inconstitucionalidad de la Corte Suprema que mantiene en suspenso su sentencia un juicio oral y público. Fue querellado por la abogada Sonia Gálvez, esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar. Romero ha sido acusado por injuriar a Galvez y coincidentemente mientras denunciaba supuestas irregularidades cometidas por Cuellar y destapar el escándalo de corrupción en el IHSS que salpicó al gobierno de turno.
 
“Nosotros frente a este escenario de corrupción, hemos sido muy osados para denunciar estos hechos, para ser verdaderos auditores y periodistas de Honduras”, sostuvo.
 

“La responsabilidad de ocurrirme un acto que atente contra mi vida y de los míos, es del Estado de Honduras y yo como periodista se lo he dicho directamente al presidente así; Juan Orlando Hernández no me mande a matar”.  
 
“Nos sentimos indefensos dentro de Honduras, por la impunidad en que se vive…”.
 
El de Romero Ellner no es un hecho aislado. Este mismo Tribunal de Sentencia fue escenario en marzo de este año de la condena contra la coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza, por dar acompañamiento a una denuncia de acoso sexual que colocó la ex jefa de personal de Fundevi, Lesbia Pacheco, contra el director de esta fundación, Juan Carlos Reyes. Lanza fue condenada también por haber dado declaraciones al respecto, cuestionando presuntas irregularidades e impunidad en este caso de supuesto acoso sexual.
 
Pacheco denunció que no tuvo justicia porque los operadores judiciales se valieron de un informe irregular de la Secretaría de Trabajo para exonerar de responsabilidad a Reyes.
 
Lanza tiene claro que el propósito de la sentencia es sacarla del ruedo de defensa de los derechos humanos, mantenerla distraída y “perdiendo el tiempo en cosas que deberíamos hacer, es para mantenernos alejadas del trabajo que diariamente se hace”.
 
Un elemento común de las querellas: denunciar corrupción
 
El caso del director del programa de televisión “MI Nación”, Julio Ernesto Alvarado, es otro que muestra un claro patrón de acoso judicial. 
 
Fue inhabilitado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para ejercer el periodismo por el término de 16 meses por difundir denuncias de “irregularidades cometidas” por la decana de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Belinda Flores. Su inhabilitación se impidió por medio de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Alvarado deja claro que lo querellaron porque su medio sirvió de canal para que se presentara un informe de irregularidades en una de las facultades de la UNAH, pero lejos de actuar contra las personas que rindieron el informe la emprendieron contra él.
 
“La resolución de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, las medidas de la resolución es una orden al gobierno de Honduras para que se abstenga de tomar cualquier decisión en mi contra hasta que la Comisión haya investigado el caso y dé su veredicto, mi caso lo llevó PEN internacional y se dan cuenta que tengo la razón, el primer expediente me declara inocente porque presté mi medio para que alguien, Gustavo Villela, se promoviera como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, llevó un informe de que su contrincante había sido descubierta en tráfico de notas y títulos, y la Adunah había denunciado el mismo caso”. 
 
El 4 de diciembre, el periodista Gilberto Gálvez, corresponsal de medios locales, de Canal 10 y de HRN tuvo que acudir al Tribunal de Sentencia de Comayagua a una audiencia de conciliación con  la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, que lo querelló por comentarios  sobre presuntas irregularidades, comentadas en su muro de Facebook. El caso fue elevado a juicio oral y público. Por ahora, el Tribunal de Sentencia ha dejado en suspenso el juicio, pero el caso está en apelación.
 
La zozobra para Gálvez puede extenderse por varios años si se confronta su realidad con la de Alvarado, querellado desde 2006 y aún sin una sentencia firme.
 
Cada día la situación parece volverse más hostil, lo que de alguna manera impide la práctica de una labor informativa y de defensoría conveniente a los intereses de la sociedad.
Los manifestantes mostraron su solidaridad con  David Romero, director de la opositora Radio y TV Globo./Fotografía: Gilda Silvestrucci
La intimidación y el acoso judicial ocurren en un creciente contexto de ataques. Sólo el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró entre 2014 y el primer trimestre de 2015, 27 querellas o amenazas de querella lo que indica un claro patrón de intimidación judicial.
 
Pese a los compromisos asumidos por el Estado hondureño, en noviembre del 2010,  en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), de investigar los hechos violentos cometidos contra periodistas  y comunicadores sociales para castigar a los responsables, la realidad indica que, hasta ahora,  en el 94% de los 50 casos registrados desde el año 2003 se mantienen en la impunidad, indican cifras del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
 
Cabe resaltar que la mayor parte de las intimidaciones judiciales o agresiones son contra periodistas o sectores que particularmente disienten con el gobierno y lo peor es que hay un trato pasivo en la investigación de hechos como muertes, asaltos o robos.
 
Es también evidente que estos sectores de periodistas y defensores de derechos humanos, que padecen más el asedio intimidatorio, en su mayoría son integrantes activos del Partido Libertad y Refundación (Libre) que surgió tras el golpe al entonces presidente Manuel Zelaya en 2009 y que es un total opositor al gobierno.
 

Después del acoso judicial…el ataque
 
En Honduras, al menos 300 periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales tienen medidas cautelares por suponer que su vida o su derecho a libertad de expresión está en latente peligro.
 
De tal forma que al acoso judicial por informar se suma la impunidad perpetuada desde el estrado judicial al no condenar a los asesinos de periodistas o defensores de derechos humanos.
 
El asalto, el asesinato, la muerte violenta de un familiar cercano, el robo del vehículo, la ejecución de un compañero, la amenaza de muerte, los seguimientos desde vehículos, la estigmatización como primera fase para preparar el terreno hacia una querella y una posterior condena judicial, forman parte del escenario cotidiano.
 
En este panorama el sistema de justicia penal tiene un papel fundamental para perpetuar la impunidad, condenar a quienes agreden a periodistas o defensores, o para acorralarlos con el poder punitivo cuando un funcionario siente que han vulnerado su honor. 
 
Un oficio del Ministerio Público, obtenido con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), firmado por la Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, Keyla Aguirre, revela que hasta la fecha la Fiscalía no ha logrado condenas contra los autores intelectuales de los crímenes contra periodistas. 
 
Desde 2003 a la fecha ya suman 59 crímenes contra periodistas y comunicadores, nueve de estos ocurrieron en siete meses de 2015. Eso muestra que la libertad de expresión está amenazada por la muerte, la impunidad y el acoso judicial.
 
Las acciones judiciales contra los comunicadores y defensores sobrepasan las acciones legales en su favor, como ejemplo hay que mencionar que un juzgado de la niñez condenó a un menor de edad por la muerte violenta del periodista Aníbal Barrow; mientras que un Juzgado de Jurisdicción Nacional elevó a juicio oral y público la acusación contra otros cuatro sospechosos. 
 
Asimismo, un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó prisión de por vida a los responsables del secuestro agravado en perjuicio del periodista y coordinador de noticias de HRN, Alfredo Villatoro. La Sala Quinta de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos condenó a cinco años a un coronel de las Fuerzas Armadas por el cierre de Canal 36, durante la crisis política del 2009. 
 
Por el contrario, un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por unanimidad de votos, absolvió  de toda responsabilidad a uno de los sospechosos del periodista Erick Alexander Martínez Ávila, asesinado ocho días antes que Villatoro y cuyo crimen se investigó casi al mismo tiempo que el de Villatoro, pero con recursos desiguales, según se ha constatado en expedientes judiciales, informes policiales y durante la cobertura del debate oral.
 
Otro de los presuntos asesinos de Martínez Ávila fue raptado, torturado y asesinado como si fuera un conductor de  bus rapidito unos días después de escapar del centro de internamiento de menores Renaciendo, de acuerdo con una investigación de C-Libre.
 
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras indicó que al analizar la gravedad de las libertades, dejó claro que “es la que ahora tenemos una dictadura militar, porque estamos como en los viejos tiempos, como cuando empezamos, entonces la situación en la actualidad es muy grave, es como disfrazada de democracia pero en el fondo está la ocupación militar tanto de militares extranjeros como nacionales, entonces estamos como antes pero tenemos la fuerza, el conocimiento, la voluntad, y la disposición de ejercer ciudadanía participativa, que se respeten los derechos humanos y que esta situación de empeoramiento no nos va a debilitar, al contrario, nos va a energizar y ver que hacemos para que el pueblo en general gocemos del derecho que se nos reprime”.
 
Así que en una tarde típica en las plazas hondureñas, casi todas construidas con una iglesia colonial en el centro, los periodistas o defensores de derechos humanos actúan bajo la línea de peligro latente.