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Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años: Honduras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La corrupción enraizada ha hecho meya en los hospitales públicos, centros educativos, infraestructura vial y acceso a servicios básicos de los hondureños, dejando fuera del mapa de la cooperación al país por su baja calificación y percepción del mal manejo de fondos públicos.
Honduras reprobó en 2014 10 de los 20 indicadores de la Cuenta del Milenio relacionados con el control de la corrupción; libertad de información, libertades civiles y derechos políticos.

En los últimos cinco años apenas 30 millones de lempiras por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido recuperados, mientras el gobierno busca inversión extranjera para aliviar la economía. 

 
Desde 2010 a la fecha sólo hay un juicio por ese delito, una cifra ínfima en contraste con la cantidad de escándalos de corrupción en Honduras. Apenas se registra una sentencia, el caso de Roberto Enrique García Zúniga, contra quien se presentó el requerimiento fiscal el 23 de abril de 2010.
 
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), 1,528 expedientes desde 2010 a la fecha, de los que la PGR recuperó 30 millones, 790,377 lempiras. La mayoría de los expedientes son por reparos a la gestión,  sin embargo, la cuantía recuperada es ínfima.
 
Según información oficial de la PGR, en 2010 sólo recuperó 1 millón, 658,768 lempiras; en 2011 fueron cuatro millones 471,096 lempiras; en 2012 se captaron 3 millones 908,438 lempiras; en 2013 9 millones 554,258 lempiras; en 2014, 10 millones 628,938 de lempiras y en este año solo 622,879 lempiras, a raíz de las acciones emprendidas desde el TSC durante cinco años en combate a la corrupción.
 

Son una "caja negra"

 
Hay jefes policiales y militares millonarios, con haciendas, flotas de vehículos, empresas, pero su salario máximo es de 40 mil lempiras (US$ 2,000), ¿Cómo lograron los militares comprar haciendas?, ¿Será que todos recibieron herencias? Y por esa razón se opera como en una caja negra, dijo Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, y además presidente de la junta directiva de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). 
 
Carlos Hernández, presidente de la junta directiva de la ASJ.

“Si nosotros conocíamos a los diputados, no eran millonarios, no hay forma lícita de enriquecerse tanto, este tema porque uno debe protegerse no lo puede decir, pero bien se hace una lista de personas con sospechas fundamentadas que no se enriqueció ilícitamente”.

 
“Hoy no sabemos lo que tienen ni lo que declaran los funcionarios, eso es una caja negra, provoca muchas suspicacias pero no desconocemos en Honduras que muchos ex funcionarios han salido con mayores recursos que con los que entraron”.
 
A su juicio, las declaraciones juradas “son una caja negra porque nadie conoce lo que hay, aunque todos nos conocemos, sabemos que diputados y ex diputados eran personas… una persona con un salario de 80 mil lempiras mensuales, que es el salario máximo público en Honduras, no puede comprar haciendas, viajar por el mundo, tener a sus hijos estudiando en las mejores escuelas, eso no es posible, evidentemente hay una renta que no es el salario, en otra caso, y es justamente lo que ayudaría que fueran públicas las declaraciones juradas, evidenciar que hay un interés real de combatir la corrupción”.
 
El escudo de los funcionarios en la actualidad, y en el pasado, para no publicar la declaración jurada es la inseguridad, sin embargo, Hernández no considera válido ese argumento, porque no lo revelan pero viven vidas ostentosas, el estilo de vida ostentoso se convierte en un estilo de vida para los delincuentes, si vivieran de manera humilde se justificaría, pero muchos funcionarios viven vidas de ricos y famosos.
 
Por otro lado, ellos administran recursos del pueblo, por lo tanto, ellos deben renunciar a esa privacidad y a partir de asumir un cargo entrar a la veeduría ciudadana.
 
“Me gustaría ver las declaraciones de todos los ministros, presidentes de los poderes, diputados, nosotros no sabemos si fueron siempre ricos o se hicieron ricos, o si fue antes de entrar a la política o durante la política, como se hicieron ricos con un salario de 80 mil lempiras, eso es imposible, nadie se hace rico con 80 mil lempiras mensuales, es un salario decente pero no le da para inversiones, cuentas bancarias, eso es lo que el pueblo debe saber.
 
Doris Madrid, comisionada presidenta del IAIP.

El Tribunal no tiene capacidad por ahora, tiene una ley que lo limita, tiene una ley que se diseñó para que no fuera efectiva en el combate a la corrupción, se requiere una reforma, debe ser un ente despolitizado, es un ente de políticos que muchas veces defienden los intereses del partido de turno.

 
Además, el sistema de combate al enriquecimiento ilícito es ineficiente, sino cuantos enfrentan la justicia por enriquecerse ilícitamente, donde están, no sabemos, la otra pregunta es si hay funcionarios que se enriquecieron ilícitamente y la respuesta es sí, pero no los conocemos porque el sistema no ha sido eficiente para judicializarlos.
 
Entre tanto, Doris Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), es del criterio que en el país nadie se hace millonario con las profesiones, aquí hay mucha gente millonaria y todos saben la respuesta, es un secreto a voces, “entonces las profesiones nos dan para vivir dignamente, nada más”. 
Bozal de la impunidad
Pero las autoridades tienen el escudo protector de la impunidad, el candado del tesoro escondido, y es justamente la Ley orgánica del TSC, que en el artículo 23 en una de sus párrafos establece que es prohibido “divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones del Tribunal; y las demás que establezca el reglamento.
 
Cualquier infracción a los numerales 2) y 3) de este Artículo, acarreará la nulidad absoluta de lo actuado, sin perjuicio en su caso, de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar”. 
 
La obligación
 
La Ley orgánica del TSC es clara, el artículo 56 establece que “estarán obligadas a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos, activos y pasivos, en adelante llamada “la Declaración”, todas las personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado.
 

También estarán obligados a presentar la declaración aquellos hondureños cuando la función ad-honorem que desempeñen incluya participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como todas las personas naturales, que en cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado, o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos públicos, aunque su salario sea inferior a la base fijada por el Tribunal.
 
Agrega la ley que la declaración será presentada ante el Tribunal o ante quien delegue esa facultad, en los formularios que al efecto se emitan, comprendiendo la relación de los bienes, activos y pasivos de su cónyuge o compañera(o) de hogar e hijos menores de edad.
 
De acuerdo al artículo 61, la declaración contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante y de su cónyuge o compañero (a) de hogar, facultando al Tribunal para que sean investigadas sus cuentas, depósitos bancarios, bienes, participación en sociedades o negocios situados en el país o en el extranjero.
 
Pero el artículo 64 del Reglamento de la Ley orgánica del TSC, es en el que se establece que funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen, los que no podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley. La violación de esta disposición, una vez comprobada, con el debido derecho de defensa dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
 
Este cerrojo legal es el que impide conocer si los hondureños que ejercen o ejercieron funciones públicas obtuvieron su patrimonio de forma lícita.