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Honduras: “Tesoro escondido” de la impunidad provoca corrupción
Es vital que las declaraciones juradas sean públicas, hay que hacerlo, el año pasado fueron 57 mil declaraciones juradas, según el representante de Transparencia Internacional.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras evidenciar que las declaraciones juradas de bienes son un simple trámite que cumplen los funcionarios, y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no cuenta con la capacidad personal ni logística para auditarlas o cotejarlas, no cabe duda que la opción planteada por los entrevistados es una reforma legal para que sean públicas. Los compromisos firmados por el Estado lo obligan a reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) para hacer público el patrimonio de los funcionarios.
 
En otros países el pueblo mira hasta el expediente médico de los funcionarios para conocer si efectivamente está apto, es lo menos que se debe saber, que inversiones tiene, empresas, de dónde las obtuvo. En cambio, en Honduras las declaraciones son un secreto y el pueblo no sabe con cuántos recursos entró Mario Zelaya, ex director del IHSS, y con cuántos salió, por ejemplo. 
 
Las imputaciones por escándalos de corrupción como las distintas versiones del “pasaportazo”, “petrolazo”, la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), el despilfarro de fondos del Instituto Nacional de Previsión (Inpreunah), el supuesto soborno a jueces, el supuesto desvío de fondos del Instituto de Previsión Militar (IPM) y del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), las presuntas irregularidades en Ciudad Mateo y en la construcción de dos edificios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre otros, no sólo quedaron en el olvido sino que en el secreto. El pueblo no puede auditar qué pasó con los bienes de quienes dirigieron estas instituciones.
 
En ese sentido, se investigó los pasos que ha seguido el gobierno para transparentar las declaraciones juradas en función del combate a la corrupción, pero el resultado es que en ese campo el accionar está detenido, ni insinuaciones hay.
 
Compromisos internacionales obligan
a publicar declaraciones juradas
 
Esto, no obstante a que Honduras se comprometió en el 2011, en el marco de la “Declaración de Gobierno Abierto”, junto a otros 54 presidentes del mundo, a combatir la corrupción, y dentro ese contexto está que las declaraciones juradas patrimoniales “sean públicas”. Además, a “fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”.
 
La iniciativa de Gobierno Abierto de Obama estipula que se debe cumplir con las declaraciones juradas públicas, esa fue una declaración que firmaron los Estados para ser socios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y otros organismos.
 
Al mismo tiempo, Honduras se comprometió con Transparencia Internacional (TI) y hasta un representante de esa organización se estableció en el país, pero aunque se detectan algunos avances, en otros campos del combate a la corrupción, en lo que concierne a hacer públicas las declaraciones, eso sigue como “el tesoro escondido de la impunidad, mejor protegido por el Estado”.
 
Asimismo, el artículo 8 de la Declaración Interamericana contra la Corrupción, establece que cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno a establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.
 
Por el contrario, en Honduras, como se mostró anteriormente, en sólo cuatro años el TSC recibió 278,213 declaraciones patrimoniales y hubo más solvencias que auditorías para los funcionarios. Si las declaraciones fueran públicas, no solo la autoridad haría las auditorías, todos los ciudadanos podrían ser auditores.
 
Reforma legal necesaria
 
Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP.

Desde el punto de vista de Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe ser reformada para que el patrimonio personal y familiar, sea privado, a excepción de los servidores públicos. En otros países se comenzó con la primera fase, por ejemplo las declaraciones públicas solo al más alto nivel, es decir presidente, diputados y ministros.

 
No obstante, en Honduras hay casos sintomáticos de empleados con 20 años de trabajar en el gobierno y con salario de 25 mil lempiras, ahí se han quedado, esos casos habría que investigar si tienen a sus hijos en escuelas bilingües, casas de mucho valor, sugirió.
 
Explicó que hay que hacer un plan de acción para llegar a ese nivel, tener una oficina técnica, porque hay monitoreos, hay equipos trabajando, está el gobierno con sociedad civil y empresa privada.
 
El primer paso debe ser aprobar la declaración patrimonial para cargos electos y altos cargos, es el primer paso, la pregunta es cuándo lo tendremos como país y para eso hay que hacer incidencia".
 
El tema avanzado es publicar declaraciones juradas de bienes, pero el primer paso que se debe dar es entrar con cargos electos popularmente, esto es un proceso, sostuvo. Ahora todos los servidores públicos en el mundo se niegan a publicar las declaraciones bajo el tema de seguridad, “pero cómo me van a secuestrar si solo tengo dos casas, una la que he tenido toda mi vida, y la otra me la dejó mi esposo al morir hace poco”, entonces no es argumento la seguridad, el fenómeno de la securitización, el que no quiere la declaración jurada es porque no quiere someterse al escrutinio público, porque mucha gente no aparenta ser millonario, o por lo menos hace dos años no eran millonarios y ahora sí, aunque mucha gente que no ha tenido dinero apenas lo tiene cambia de casa, de carro, pero el que nació en cuna de oro no oculta nada porque así nació.
 
Según la funcionaria, los avances que se dan es en materia de corrupción en general, pero de manera específica, el gobierno está detenido para impulsar que las declaraciones juradas sean públicas.
 
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En ese sentido, Carlos Hernández, representante de TI en Honduras, es del criterio que para avanzar en el combate a la corrupción es necesario que las declaraciones sean públicas tal como se está avanzando en México, Argentina, y otros países.
 
Eso les da la posibilidad a los ciudadanos de conocer los recursos con los que entra un funcionario y con cuales sale del gobierno, en Honduras esto no está contemplado, por eso promovemos una reforma a la Ley del TSC y que las declaraciones patrimoniales sean públicas.
 
"Hasta el momento no se ha hecho nada, absolutamente nada, (pero) en el marco de la elección de los magistrados del Tribunal el próximo año, es oportuno, estamos hablando con organizaciones de la sociedad civil, con el IAIP, que comparten nuestra visión, para ver si encontramos el ambiente y presentamos la reforma, ojalá que en los diputados la iniciativa encuentra receptividad".
 
Esto será una prueba de fuego, esperamos no encontrar resistencia con el discurso del gobierno, ahí demostrarán su interés aunque van a argumentar el tema de la seguridad, pero deben entender que son funcionarios públicos.
 
Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras.

“No es fácil, pero el rol nuestro es impulsar la transparencia, el secreto promueve la corrupción, cuando no conocemos las declaraciones juradas  hay riesgos mayores de que haya corrupción, ya lo vimos como el caso del IHSS, que por casualidad se investiga, pero no fue por declaraciones juradas que se vio que amasaban fortunas en poco tiempo, el Estado no puede funcionar así, se deben hacer públicas las declaraciones juradas”. La posición de Transparencia es trabajar en una propuesta, porque es un tema que nos interesa.

 
Hay ambiente favorable en este gobierno, necesitamos apoyo internacional. OGP tiene 89 países y conviene “porque no logramos la Cuenta del Milenio”, ahora el gobierno negocia la Alianza para la Prosperidad, que es un billón de dólares para la región, pero una condición del Congreso de EEUU es combatir la corrupción, quieren tener garantías que Honduras usará bien esos recursos, entonces el gobierno debe mostrar cambios y la sociedad debe forzar esos avances, y los ladrones que saquearon al país ya casi no dejaron que robar, por eso hay que buscar esos mecanismos para fortalecer la institucionalidad, sostuvo Hernández.
 
Según el representante de Transparencia Internacional (TI), en el país hay avances en el combate en general, con los viceministros en la cárcel, un exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con auto de prisión, nueve personas más enjuiciadas, hay procesos abiertos contra una cúpula empresarial por el despilfarro de tres mil millones de lempiras del Seguro Social, la mitad del presupuesto institucional. Estos procesos parecen un avance, pero es importante abrir las declaraciones.