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Honduras: La opacidad entre combatientes de la corrupción
  • Una travesía por las oficinas públicas en busca de un funcionario que nos revelara su declaración jurada fue infructífera.  
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Aunque son pocos los funcionarios hondureños que se oponen a que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, quienes piden que sí lo sean, se negaron a publicar las  suyas.  Y al pedirles un detalle de sus bienes, o su declaración jurada, no resultan ser tan explícitos o algunos mejor ignoraron la solicitud.  Otros, en cambio, dan a conocer en que consiste su patrimonio, pero tampoco entregan su declaración jurada. 
 
Sonríen, se muestran amables, con besos, apretones de mano y uno que otro espaldarazo, pero al final es lo mismo, su declaración jurada es su “Tesoro Escondido”.
 
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Daysi Oseguera, presidenta del Tribunal Superior de Cuentas.

Para el caso, la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera, no dio respuesta ni a la solicitud de entrevista relacionada  con este tema. De la misma forma reaccionó el procurador general del Estado, Abraham Alvarenga. Leyó las solicitudes enviadas, pero no dio respuesta.

 
Una travesía por las oficinas públicas en busca de un funcionario que nos revelara su declaración jurada, fue un tema muy relajado para algunos, otros lo tomaron con un poco de intriga y algunos se mostraron tan esquivos que ni siquiera quisieron someterse a un leve cuestionario, en el que la pregunta similar era ¿si tanto pregonan y exigen que las declaraciones juradas de bienes sean  públicas, pues puede darnos usted a conocer la que usted hizo ante el TSC?
 
La primera funcionaria entrevistada, coincidió como casi todos, en que las declaraciones juradas deben ser públicas y, en consecuencia lógica, se le pidió que describiera sus bienes o que hiciera pública su declaración.
 
Se trata de Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP, es decir del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ella es la encargada de que el gobierno tenga toda la información pública al alcance del pueblo.
 
Aunque la cita la dio a las 10:00 de la mañana, la pospuso dos horas después, no era temor, es que a última hora tuvo otro evento, y fue justamente a la hora del almuerzo que contestó las preguntas. Lengua de res en salsa de tomate y una ensalada de vegetales, era parte de su alimento ese mediodía.
 
Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP

Se quitó un bléiser, se acomodó en una mesa  que tiene cerca de su escritorio en su cómoda oficina, adornada con cuadros y piezas de madera. “Yo no me he hecho millonaria con la profesión, he sido abogada de éxito y mi patrimonio es sencillo, solo dos casas, una que la tengo desde 1979 y la otra me quedó al morir mi esposo, un carro, y dos hijos que mantener, trabajando honestamente 24 horas al día y siete días a la semana”.

 
Al preguntarle de cuanto es su fortuna, dijo que no es mucha, se le repreguntó si es de diez millones de lempiras y contestó que es de mucho menos. “El 17 de julio de 2010 regresé a la administración pública, antes había estado más de diez años en la administración pública”. Y regresó con la intención de jubilarse.
 
“Mi declaración de bienes será pública al salir de mi cargo, la ley no me obliga pero lo haré”, dijo.
 
Por su lado, Carlos Hernández, el representante de Transparencia Internacional para Honduras, tampoco se inquietó con las preguntas. 
 
En una salita de recepción discreta, en las oficinas de ASJ, contestó que “en mi caso no tengo salario porque no soy director de ASJ, soy presidente de la junta directiva, recibo dos mil dólares mensuales como gastos de representación, con lo que me movilizo en la región porque tenemos presencia en toda Latinoamérica, son 134 países”.
 
Carlos Hernández, el representante de Transparencia Internacional para Honduras.

“Estoy pagando una casa en Valle de Ángeles, 15 mil lempiras mensuales a Inprema, porque mi esposa es maestra, pago el préstamo de 10 mil lempiras del carro de mi esposa, más 12 mil lempiras mensuales que pago por el colegio de mis hijos”, así describió sus gastos y sus egresos.

 
Agregó que “si hubiera un mecanismo de publicar mi declaración jurada lo haría, pero no soy empleado público, aunque las instituciones que trabajamos por la transparencia debemos dar el ejemplo, nuestros informes son públicos, rendimos cuentas, nuestro presupuesto anual es de casi tres millones de dólares, con eso cubrimos la plantilla de casi 100 empleados, el edificio es nuestro”.
 
“A mí no me reciben la declaración jurada porque no manejo fondos públicos, es más, la norma interna prohíbe recibir fondos públicos”.
 
Dejó claro que las ONG que reciben fondos públicos si están obligadas a liquidar y exponer sus declaraciones juradas de bienes.
 
Ni un millón
 
José Luis Valladares,presidente del Colegio de Abogados de Honduras 

Luego la entrevista fue con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José Luis Valladares, además del cargo directivo, está nombrado como secretario general del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

 
En primera instancia está de acuerdo que las declaraciones juradas sean públicas pero de manera prudente, sin poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano.
 
“Primero busquemos todas las medidas de seguridad pertinentes, porque por el hecho de darse cuenta cuánto tiene y cuánto gana se pueda poner en riesgo su vida, analizando la situación de violencia y crimen organizado, de asaltos, pero la información debe ser pública, cuando uno es transparente, no debe ocultar nada”.
 
“En mi caso está la declaración jurada, soy secretario general del Fhis, igual por ser presidente del Colegio de Abogados se rinde una caución, porque administramos bienes y fondos”. 
 
Agregó que “yo nada tengo que esconder, yo tengo una casita y dos carritos, no llego ni a un millón lempiras en patrimonio, no lo puedo ocultar, el que no tiene nada que esconder nada teme, yo tengo ocho años de servidor público, pero uno no se hace millonario con los salarios, esto da para vivir honestamente nada más”.
 
No deben ser públicas
 
Yuri Sabas, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional.

Entre tanto, desde el Congreso Nacional, el diputado liberal Yuri Sabas, presidente de la comisión de Derechos Humanos, primero dejó claro que declarar incapaz al TSC para auditar las declaraciones juradas, no es lo mejor.

 
“Debemos exigirle a ellos que mejoren su capacidad, que se le dé el respaldo presupuestario para que pueda realizar sus funciones, porque si este ente que fue creado para revisar las declaraciones, entonces quien lo va a hacer”.
 
La sociedad pudiera acceder a las declaraciones públicas si hubiera una orden, porque no podemos poner en riesgo la vida de ningún ciudadano que se mete al servicio público para ayudarle a la población, y que la información de su patrimonio caiga en manos equivocadas, en ese sentido, “la cura no puede ser peor que la medicina, busquemos como fortalecer el Tribunal de Cuentas para que las a personas que se enriquezcan ilícitamente se les deduzcan las responsabilidades”.
 
Está claro que “el enriquecimiento ilícito se da, estamos en un país que debemos mejorar mucho, pero se debe mejorar de la manera correcta, las declaraciones pueden ser públicas cuando se dé un caso de enriquecimiento ilícito, pero tenerlas públicas me parece que no es lo mejor”.
 
Ni rinde declaración jurada
 
Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA

Por su lado, Gabriela Castellanos, coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también aboga por la transparencia, pero ella no rinde declaración jurada.

 
Fue del criterio que el TSC no se puede excusar de su responsabilidad, tendrá que hacerle frente, debe existir coordinación interinstitucional para que las dependencias del Estado se coordinen, debe existir una reunión a alto nivel, es decir Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las Personas (RNP), Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), para trabajar de manera conjunta, así el trabajo será más fácil.
 
En otros países la información es toda pública porque no se manejan los índices de delincuencia, ese es un factor importante, sostuvo.
 
“El CNA es una instancia de sociedad civil, creada por un decreto el Congreso Nacional; no somos gobierno, somos personas de sociedad civil y sociedad civil no rinde declaraciones”, aseguró, razón por la que no lo hace.
 
“La corrupción en Honduras tiene nombres, corruptos, y la población debe saberlos, es de suma importancia que se cotejen todas las declaraciones juradas, hemos visto en el país como funcionarios se enriquecen desde el primer año de trabajo en el gobierno”, dijo. El TSC sostiene que la coordinadora del CNA debe rendir declaración jurada y, sin embargo, no lo ha hecho.