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Honduras: Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en elección de la nueva CSJ
Ciudad de Guatemala, San José y Washington.-  Varias organizaciones internacionales detallan cada una de las irregularidades observadas durante los casi seis meses que ha durado el proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema en Honduras. 
 
Opacidad en la metodología, falta de rigor en los interrogatorios, politización, y secretismo son, entre otras, las irregularidades denunciadas por estas organizaciones. También subrayan la falta de cumplimiento, por parte de las autoridades hondureñas involucradas, de los estándares internacionales sobre independencia judicial, no garantizando de esta manera una nueva conformación que inspire confianza para con sus nuevas labores a desempeñar. 
 
“Exhortamos a la sociedad civil a constituirse en observadores permanentes de la nueva Corte Suprema”, solicitaron los y las firmantes, con el fin de que salgan a la luz las anomalías del proceso. Así mismo instaron al Ministerio Público de Honduras y a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a documentar las irregularidades que han sido denunciadas en el proceso de elección “de manera que se juzgue a quienes presuntamente han incurrido en prácticas de corrupción y se les sancione adecuadamente”, concluyeron.
 
A continuación reproducimos la carta pública
 
No garantiza la independencia, imparcialidad e idoneidad 
profesional de la nueva integración de la corte suprema
 
El pasado 11 de febrero del 2016, el Congreso Nacional de Honduras seleccionó a las 15 magistradas y magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia durante los próximos siete años. De esta manera, se concluye un proceso complejo y controversial, que ha durado casi seis meses.
 
Las organizaciones firmantes, integrantes del Observatorio para la elección judicial en Honduras, hemos monitoreado este proceso desde su inicio, participando en foros de discusión, sosteniendo reuniones con representantes estatales, así como compartiendo información sobre estándares internacionales, experiencias comparadas y buenas prácticas para la elección de magistradas/os, tanto con la Junta Nominadora como con algunos miembros del Congreso Nacional.
 
Al inicio del proceso de selección observamos algunas prácticas positivas, como la elaboración de una matriz para evaluar a los precandidatas/os en la que se tomó en cuenta criterios de idoneidad y paridad de género, y la retransmisión por internet de las audiencias públicas. Sin embargo, es preciso advertir que esto no es suficiente para considerar que el proceso en su conjunto, cumplió con los estándares internacionales y las buenas prácticas, para garantizar la independencia, imparcialidad e idoneidad profesional de los magistrados finalmente electos.
 
Con suma preocupación observamos que, durante la etapa de preselección a cargo de la Junta Nominadora, no se hizo pública la puntuación que se asignó a cada persona seleccionada. Tampoco se conoce cómo se valoraron las tachas presentadas en contra de algunos candidatos o candidatas, ni los criterios que fueron determinantes para seleccionar a las personas que formaron parte del listado que fue presentado al Congreso. Así mismo, observamos una falta de rigor y profundidad en los interrogatorios realizados a las/os candidatas/os durante las entrevistas públicas y la ausencia de transparencia respecto a la información clave de las y los candidatos, que fue declarada confidencial sin que se conozca la racionalidad y los fundamentos de tal decisión. En general, llama la atención que no se atendieran adecuadamente los llamados a la transparencia que hizo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
 
Lejos de subsanarse las irregularidades observadas en el curso del proceso a cargo de la Junta Nominadora, en la segunda fase de la elección ante el Congreso Nacional, resultó aún más grave y evidente la politización, pues la falta de transparencia y el secretismo se impusieron sobre un debate público, serio y objetivo respecto de las capacidades profesionales y académicas de los y las candidatas propuestas, como esperaba con toda legitimidad la nación hondureña y la comunidad internacional.
 
Según trascendió a la opinión pública, la mayoría de los legisladores y las legisladoras no tomaron en consideración la idoneidad, la representatividad o la paridad de género, sino que las discusiones versaron respecto de la filiación política de las personas candidatas, siendo este el factor determinante para su elección. Así, por ejemplo, es grave que casi la totalidad de los nuevos magistrados y magistradas hayan obtenido una calificación deficiente en la Matriz de Evaluación así como es lamentable que de las 15 personas electas solo 5 son mujeres.
 
Por otra parte, observamos con extrema preocupación las noticias que dan cuenta de presuntas compras de votos para asegurar la elección de conformidad con los intereses de los principales partidos políticos, así como amenazas y otro tipo de hostigamientos en contra de los legisladores que reclamaron una elección basada en criterios objetivos y un debate público y transparente. 
 
Lo ocurrido en Honduras en las últimas semanas deja en evidencia los graves problemas estructurales que afectan a las instituciones estatales pues los resultados de la elección demuestran que no existe una voluntad política para fortalecer el Estado de derecho.
 
Es preciso recordar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, establecieron que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que recién termina funciones, participó directamente en el Golpe de Estado que se perpetró en Honduras el 28 de junio de 2009. También este pleno incumplió con su deber de garantizar los derechos humanos, de manera que esta era una oportunidad trascendental para recobrar la legitimidad de este órgano. 
 
Desafortunadamente, los resultados de la elección demuestran que nuevamente la sociedad hondureña se encuentra indefensa frente a los abusos del poder.
 
En suma, las organizaciones firmantes concluimos que el proceso de selección de magistrados/as no cumplió con los estándares internacionales sobre independencia judicial y por lo tanto no existe garantía alguna de que la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia actuará conforme a los principios y preceptos establecidos en la Constitución Política de Honduras y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado.
 
Hacemos un llamado a los diferentes actores políticos y sociales hondureños para que inicien un debate nacional con el objetivo de llevar a cabo las reformas normativas e institucionales necesarias para que este tipo de prácticas no vuelva a ocurrir. A su vez, exhortamos a la sociedad civil a constituirse en observadores permanentes de la nueva Corte Suprema. Finalmente, instamos al Ministerio Público de Honduras y a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a documentar las irregularidades que han sido denunciadas en el proceso de elección de la Corte Suprema, a fin de promover las acciones penales y, en su caso, coadyuvar en las investigaciones correspondientes, de manera que se juzgue a quienes presuntamente han incurrido en prácticas de corrupción y se les sancione adecuadamente.
 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
 
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
 
Impunity Watch (IW)
 
Plataforma Internacional contra la Impunidad