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La Coalición contra la Impunidad, dándole seguimiento a las medidas gubernamentales para  depurar y reorganizar el Ministerio Público, ante la opinión pública nacional e internacional, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.       Como instancia de seguimiento e incidencia respecto a  las reformas en el sistema judicial de Honduras, la Coalición contra la Impunidad, manifestó de forma directa a la Comisión  Interventora  del Ministerio Público, en la reunión sostenida el día 14 de mayo que las organizaciones que forman parte de esta articulación están dispuesta a apoyar las acciones de la Comisión Interventora, siempre que las mismas contribuyan efectivamente al fortalecimiento de esta institución, quedando delimitado que nuestro acompañamiento será de carácter crítico,  y dependerá de los resultados satisfactorios de su trabajo.
 
2.       Por ello, nos preocupa que una de las primeras acciones realizadas por la Comisión Interventora, como lo ha sido el nombramiento del Director de Fiscales y la sub-directora de esta dependencia, se haya realizado al margen de la convocatoria de un concurso u oposición. Decisiones como está muy poco aportan a la institucionalidad del Ministerio Público, por el contrario, reproducen la dinámica del cabildeo político y de la designación de personas vinculadas a los círculos cercanos a las autoridades en esa institución.  
 
3. Ante este desacierto en el nombramiento del director de Fiscales, que recayó en Roberto Ramírez Aldana, y el de sub-directora  en Loany Alvarado, el primero ex - asesor del Fiscal Adjunto, y Coordinadora de la Fiscalía de la Mujer la segunda, queremos pedirle a la Comisión Interventora que informen a la opinión pública quienes fueron los candidatos(as) que se tomaron en cuenta para esta selección, y ante todo  que den a conocer el procedimiento para esta selección y nombramiento.
 
4. De cualquier forma, no puede pasar desapercibido que estos nombramiento han recaído en fiscales que a lo largo de los últimos años han sido corresponsables junto al Fiscal General y su Adjunto de la crisis institucional en que actualmente se debate el Ministerio Público. Desafortunadamente, una vez más no han sido tomados en cuenta para estos cargos los y las fiscales que se han destacado en el ejercicio independiente y objetivo de sus responsabilidades.
 
5. En el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Interventora, nos llama la atención que habiendo pasado un mes desde su inicio de funciones, no hayan presentado el informe preliminar de su trabajo, de conformidad a lo que  establece el decreto de su nombramiento. Eludir el cumplimiento en el tiempo de esta responsabilidad, es de cierto modo, falta de transparencia y de cumplimiento a la ciudadanía como servidores públicos. Por ello, no está de más, recordarles que los hallazgos o conclusiones de su  trabajo deben ser difundidos ampliamente ante la opinión pública y sin ningún sesgo político.
 
6. En el orden de sus altas responsabilidades, entendemos que la Comisión Nominadora no debe limitarse a la evaluación, diagnóstico y depuración del Ministerio Público. Es de suma importancia o de primer orden, el impulso de los casos que aun no resuelve el Ministerio  Público, tanto aquellos emblemáticos o notorios, como los numerosos casos que a diario reclaman  las víctimas. Paralizar estas investigaciones o permitir que continúen en ese estado, es algo que no puede permitirse la Comisión Interventora, pues al asumir sus funciones prácticamente asumen las que corresponden al Fiscal General y su Adjunto. Por ello, la investigación, el litigio o manejo de los casos, es sin lugar a dudas, una de las expectativas por las cuales se calificará su desempeño.
 
7. En cuanto a la posibilidad de que se le conceda a la Comisión Interventora una nueva prórroga  de tiempo, al cumplir los dos meses para los cuales fue designada por el Congreso Nacional, desde la Coalición contra la Impunidad, no nos oponemos  a la misma, pero aclarando que esa prórroga no puede ni debe prolongarse en el tiempo y, concretamente, la misma no puede ser superior a dos meses. Concluido su  tiempo de funciones –con o sin prórroga- la Comisión Interventora debe presentar su informe final, y las autoridades del Congreso y del Ejecutivo deben tomar las decisiones correspondientes de conformidad con la Constitución y la normativa legal aplicable. 
San Pedro Sula - Tegucigalpa 27 de mayo de 2013.
 
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS.