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14 de mayo de 2013

Abog. María Antonia Navarro Bustillo

Abog. Miriam Estela Guzmán Bonilla

Abog. Lino Tomás Mendoza Ramírez

Abog. Ángela María Madrid López

Comisión Interventora del Ministerio Público

Tegucigalpa, M.D.C.

Peticiones de la Coalición contra la Impunidad

 

          De nuestra mayor consideración:

          Reciban un cordial saludo de las organizaciones agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, instancia que se plantea la necesidad de que, desde la sociedad civil realicemos propuestas y un acompañamiento crítico a su gestión, aprovechando la oportunidad para expresar nuestra preocupación y recordarles su responsabilidad histórica de iniciar un proceso serio y efectivo de depuración y reorientación del Ministerio Público que lo reconcilie con su papel fundamental de representante de los intereses generales de la sociedad.

          En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para presentarles una serie de peticiones y casos que hacemos del conocimiento de la Comisión Interventora del Ministerio Público a efecto de que se les dé la atención debida para que la investigación, judicialización y litigio y en definitiva, el ejercicio de la acción penal pública, se realice de una forma profesional, objetiva y con respeto y atención a las víctimas.

En cuanto a nuestras peticiones, la Coalición contra la Impunidad considera importante:

1.      Establecer mecanismos para que todos los fiscales sean nombrados mediante concursos rigurosos, públicos, objetivos, imparciales, con reglas predeterminadas, exentos de manipulaciones político-partidarias u otras influencias indebidas, para que los fiscales, incluido el Fiscal General, sean escogidos con criterios de capacidad, honestidad y compromiso ético. Estos concursos deben incluir: a) examen socio-familiar con visita domiciliaria y entrevistas; b) declaración patrimonial e investigación económico-financiera; c) comprobaciones de conocimiento y aptitud; d) Revisión de índice académico y antecedentes profesionales.  En ese sentido, es necesario que el nuevo Director General de Fiscalía sea nombrado mediante concurso y no de una forma discrecional.

2.      Evaluar el desempeño de todas las fiscalías especiales, regionales y departamentales y de ser necesario proceder, previo el proceso disciplinario correspondiente, a la destitución de los y las funcionarias que no desempeñen apropiadamente sus atribuciones. Los (as) sustitutos (as) deben ser nombrados mediante concursos y además debe tenerse especial cuidado de que las fiscalías de protección a grupos en condición de vulnerabilidad, como mujeres, niñez, etnias, comunidad LGTB, periodistas y comunicadores sociales, así como la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, estén dirigidas por personas con conocimientos especializados y experiencia en estos campos que puedan desempeñar sus funciones con alta responsabilidad y compromiso, exentos de criterios y estereotipos discriminatorios que obstaculizan el acceso a la justicia.

3.      Es importante que se establezcan programas de capacitación sistemática que proporcionen y profundicen, de manera continua, el conocimiento de temáticas especiales como las señaladas en el anterior numeral y de otras como delitos fiscales, narcotráfico y medio ambiente. Estos procesos de formación deben incluir legislación y jurisprudencia nacional así como de convenios y tratados internacionales.

4.      Garantizar que los y las fiscales puedan actuar “libremente según su criterio” tal como lo establece el artículo 13 de la Ley del Ministerio Público, entendiendo que, por una parte, el “actuar por delegación y bajo la dependencia del Fiscal General de la República no significa una subordinación absoluta a los superiores jerárquicos y por otra que el criterio de los fiscales debe estar sustentado en el respeto a la  ley, la Constitución y los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Esta subordinación, en la práctica, se ha convertido en una forma de control que impide el ejercicio de la acción penal pública en casos de corrupción u otros en que los implicados tienen influencias para lograr una protección indebida que genera altos índices de impunidad. En este sentido, es fundamental “establecer mecanismos adecuados para que los empleados, especialmente fiscales, impugnen órdenes o actos que consideren ilegales o arbitrarios, ante una autoridad que no pertenezca al área de trabajo del superior cuya orden se impugna, sin que ponga en riesgo su trabajo o su ascenso”.

5.      Establecer un mecanismo de protección y denuncia para que los fiscales honestos y objetivos que reciban amenazas o presiones indebidas de sus superiores jerárquicos que les impidan el desarrollo objetivo e independiente de su trabajo puedan ponerlo en conocimiento y obtener medidas que les garanticen la estabilidad laboral y les posibiliten continuar con el  ejercicio correcto de sus funciones.

6.      Que la remoción de empleados y funcionarios se realice con respeto a las reglas del debido proceso para garantizarles a éstos su derecho de defensa y para evitar que en el futuro puedan ser reintegrados por haberse violentado sus derechos. En este sentido, se debe “realizar de forma extraordinaria y con celeridad un proceso de depuración en el Ministerio Público por un período específico, concentrado y excepcional”. Es necesario fortalecer y dotar de independencia e imparcialidad al ente encargado de ejercer la potestad disciplinaria en el Ministerio Público.

7.      Reglamentar rigurosamente las causas que pueden llevar al archivo administrativo de las denuncias presentadas para evitar que esta sea una forma de “arreglar” inapropiadamente la situación de algunos denunciados.

8.      Constituir unidades especiales para temáticas que son especiales como investigación de feminicidios, crímenes de odio contra la comunidad LGTB, muerte de ambientalistas, ejecuciones de menores de edad, homicidios contra periodistas y comunicadores sociales, que cuenten con suficientes y adecuados recursos humanos y materiales. Estas problemáticas no pueden ser debidamente atendidas si sólo existe una Unidad de investigación de delitos contra la vida puesto que requieren formas específicas de investigación y seguimiento.

9.      Es necesario mantener y fortalecer la Unidad de investigación de delitos contra la vida de la mujer tal como lo recomendó la Relatora de Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos de la Mujer en la reunión de trabajo sostenida en octubre del 2011 y proceder a la apertura de estas unidades especiales en las ciudades más importantes del país y con alto índice de crímenes contra mujeres. Asimismo, debe elaborarse y ponerse en práctica un protocolo especial de investigación de los feminicidios-femicidios.

10.  Es necesario fortalecer las técnicas y procesos investigativos, para esto la policía de investigación debe volver a ser parte del Ministerio Público y no de la Secretaría de Seguridad pues esto ha producido una dualidad de mando que ha impedido que estos procesos sean efectivamente dirigidos, orientados y supervisados por los fiscales del Ministerio Público.

11.  La Unidad de Investigación de muertes de la comunidad LGTB debe contar con personal confiable y sin vínculos con agentes policiales que han resultado ser los principales responsables de las violaciones contra este sector de la población.

12.  Establecer un protocolo de atención integral a las víctimas y a sus familiares que impida la revictimización y que además les proporcione información oportuna y atención psicológica. Las víctimas y los familiares no deben suplir la responsabilidad del Estado de impulsar la investigación.

13.  Instituir mecanismos de verdadero acceso a la justicia como seguridad y comodidad al momento de interponer una denuncia, investigación inmediata de los hechos denunciados,  información clara y oportuna del avance de las investigaciones, entre otras

14.  Dotar de recursos humanos y materiales suficientes y competentes a la Unidad de protección de defensores y defensoras de derechos humanos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y que la misma establezca vínculos cercanos y participativos con las organizaciones defensoras de derechos humanos.

15.  Es de suma importancia que la Comisión Interventora establezca un mecanismo que garantice que este sea el inicio de un proceso de reestructuración del Ministerio Público y que una vez que presenten su informe final, se le dé el debido seguimiento a las recomendaciones que contenga el mismo. Solicitamos que en esta etapa de seguimiento se abran espacios de participación a las organizaciones de sociedad civil y asimismo que el mismo cuente con acompañamiento y monitoreo internacional.

16.  Dar a conocer las fechas en que la Comisión Interventora rendirá informes y que los mismos sean accesibles a la población para que podamos hacer propuestas y observaciones a su trabajo.

 

Entre los casos, citamos los siguientes, por considerar que ejemplifican las deficiencias que hemos apuntado así como el manejo político y sesgado que se ha venido haciendo desde el MP:

1.      Caso de triple asesinato de jóvenes por parte de miembros de la Policía Nacional. Lugar: Balneario Los Dos Encuentros, tres kilómetros arriba de la comunidad de Agua Blanca sur, jurisdicción de El Progreso, Yoro. Día del asesinato: 1 de febrero del año 2011. Nombres de las víctimas: Narzy Neguib Bonilla Barahona, Guillermo Nahúm Murillo Anariba y Neptaly Galeano. Nombres de los imputados: Santos Fidencio Pérez Corea; Mario Alexis Hernández Corea  y Blendy Georgina Rosales Martínez (dirigió el operativo). Requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, registrado bajo expediente número 158-11. Se libró orden de captura el 20 de junio de 2011, los imputados se presentaron voluntariamente lo que conllevó a darles medidas sustitutivas. En la audiencia inicial se da un sobreseimiento provisional, el cual fue revocado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, el 26 de febrero del año 2013 Se dictó auto de prisión a los imputados pero les mantienen las medidas sustitutivas y no los suspenden de los cargos, lo cual es consentido por la Fiscalía. Actualmente la imputada Blendy Georgina Rosales Martínez, se presentó en la base policial de El Progreso, Yoro, entregó sus pertrechos policiales asignados y está prófuga. Las familiares de las víctimas se siente burladas y estiman que el Ministerio Público ha actuado con displicencia.

2.      Caso denuncia contra Gobierno de facto. Denuncia presentada el 30 de junio de 2009 ante la Fiscalía General de la República por los ciudadanos Víctor Antonio Fernández, Guillermo López Lone, Osman Antonio Fajardo Morel, Jari Dixon Herrera, Foad Alejandro Castillo, Marco Tulio Padilla Mendoza, Tirza Flores, Claudia Hermandorfer, Hermes Aníbal Reyes Navarrete, Bertha Oliva, María del Rosario Roiz Andino, Myana Isabel majía Flores, Lidia Cálix y Marcela Guzmán Melghen por la comisión de delitos contra los altos funcionarios del Estado, contra la forma de gobierno, terrorismo, detención ilegal, rebelión, abuso de autoridad y traición a la patria contra los señores Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Miguel A. García Padgett, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Luis Javier Prince Suazo miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Honduras; Roberto Micheletti Baín, José Alfredo Saavedra Paz, Ramón Velásquez Nazar, Mary Elizabeth Flores Flakes y los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resolución o decreto mediante la cual se destituyó al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales de su condición de Presidente Constitucional de la República de Honduras.

3.      Caso femicidios. Darle celeridad e investigación adecuada a todos los casos de femicidios-feminicidios que se encuentran en la impunidad por falta de diligencias investigativas oportunas y adecuadas, entre los cuales se encuentra el de WANDA PERAZA contenido en los expedientes números 326-06 y 328-06, el que se encuentra en etapa de investigación desde el año 2006 y ha sido asignado a diferentes fiscales sin ningún resultado. Asimismo el caso de la desaparición de NORMA YOLANDA HERNANDEZ, Denuncia No. 12718-40 del 2 de junio de 2010. Ambos casos fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión de trabajo en octubre de 2011, en la cual el Estado de Honduras se comprometió a impulsar la investigación y judicialización de los mismos, compromiso que ha sido incumplido.

4.      Caso 15 de septiembre de 2010. Requerimiento Fiscal presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula el 14 de marzo de 2012 contra Héctor Iván Mejía y Daniel Omar Matamoros, ambos subcomisionados de la Policía Nacional por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública; detención ilegal de 37 personas y lesiones leves en perjuicio del sociólogo Ernesto Bardales. Los imputados tienen un auto de prisión en su contra pero no han sido suspendidos de sus cargos como procede conforme a la ley y la Fiscalía no lo ha solicitado.

5.      CASO CERRITO LINDO. Cerrito Lindo es una colonia ubicada en el sector Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, en la cual los señores Miguel Rodríguez Carrión y Jorge Arturo Meza dieron en venta unos terrenos  a través de la Lotificadora Cerrito Lindo a los pobladores, pero estos no pertenecían a la referida empresa. Al darse cuenta de la ilegalidad en el proceso se origina un conflicto por la disputa de estas tierras entre los habitantes y Miguel Rodríguez Carrion, en donde han habido varias denuncias: entre estas por el asesinato de la señora Orfilia Figueroa, tesorera del patronato asesinada en marzo del 2012 y por la tentativa de asesinato en contra de Alex Contreras y Andrés Duran en abril del 2012, las que no han sido debidamente investigadas.

Esperamos que podamos establecer con ustedes canales de comunicación fluidos  y confiables para hacerles llegar más propuestas y casos que contribuyan al buen desempeño de sus funciones y que, en consecuencia, redunden en beneficio de todas las personas que en nuestro país clamamos por justicia. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para manifestarles las muestras de nuestra consideración.

Coalición contra la Impunidad

  • Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
  • Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
  • Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
  • Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
  • Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
  • Comité por la Libre Expresión C-Libre
  • Comunidad Gay Sampedrana
  • Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso
  • Feministas Universitarias
  • Foro de Mujeres por la Vida
  • Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)
  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
  • Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
  • Red de Mujeres Jóvenes de Cortés
  • Red Nacional de Defensoras
  • Tribuna de Mujeres contra los Femicidios